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Programa de Seguimiento
y Capacitación Ciudadana sobre
el proceso electoral en Córdoba 2011

Luego de las elecciones provinciales del 2 de septiembre de 2007 y la controversia suscitada en torno a los actos post electorales, se desató una crisis de credibilidad en el proceso electoral en la provincia de Córdoba. Como consecuencia de ello, el gobernador Schiaretti promovió la creación de una Comisión de Expertos para la Reforma Política. Dicha Comisión elaboró un documento conteniendo un Diagnóstico y una serie de Propuestas de reforma al sistema político institucional de la Provincia. En la práctica, las propuestas fueron limitadas a sendas reformas al Código Electoral Provincial (Ley 9.571) y al Régimen de Partidos Políticos (Ley 9.572) lo que supuso una importante transformación del sistema electoral de la provincia, pero no necesariamente del sistema político de manera integral, como proponía la Comisión de Expertos. Las modificaciones aprobadas incluyeron:
  • Eliminación de sumatorias: Se prohíbe el sistema que permitía que distintos partidos políticos postularan, a través de boletas distintas, al mismo candidato para un cargo ejecutivo y a listas diversas para las bancas legislativas.
  • Prohibición de candidaturas repetidas: Se prohíbe expresamente que una misma persona sea candidata a más de un cargo en la misma elección. Ejemplo: nadie podrá postularse a gobernador y, a la vez, encabezar el listado de candidatos a legisladores. En caso de simultaneidad con la elección nacional, no se podrá ser candidato para un cargo provincial y a la vez para un cargo nacional.
  • Boleta única: Se utilizará este instrumento para la emisión del sufragio y reemplazará a la boleta partidaria que imprimía y distribuía cada agrupación política. La boleta única será impresa por la Justicia Electoral y entregada a cada elector, el día de la votación, por el presidente de mesa. Es una papeleta de proporciones similares a una hoja A3, que presenta a todos los candidatos de todos los partidos políticos que participan en los comicios. Tendrá un casillero en blanco al lado de cada postulante para que el elector pueda marcar con una lapicera al que prefiere. Las dimensiones finales y el diseño general quedarán a criterio de la Justicia Electoral.
  • Electores por mesa: Se fija en 350 la cantidad de electores que tendrá cada mesa. Aunque se contemplan algunas excepciones.
  • Presidentes de mesa: Se fija como requisitos ser docente provincial, empleado público o particular con acreditación de secundario completo, en actividad o jubilado. Deberán capacitarse de manera obligatoria, cobrarán un viático equivalente al 20% del salario mínimo, vital (unos 200 pesos, en la actualidad). Tendrán refrigerios (desayuno, almuerzo y merienda) a cargo del Estado.
  • Delegado electoral o fiscal público: Se crea esta figura que tendrá la responsabilidad de colaborar con el presidente de mesa y con la Justicia Electoral. Transportará los documentos electorales. Habrá uno por establecimiento de votación. Serán empleados del Poder Judicial, profesionales o estudiantes avanzados de Derecho, Ciencia Política y/o Ciencias Económicas.
  • Campañas: Se establece una duración máxima de 45 días para las campañas electorales. Los avisos proselitistas en medios electrónicos (TV y radio) se permitirán sólo en los 30 días previos a la elección.
  • Prohibiciones: Se prohíbe la difusión de propaganda o publicidad oficial (del Gobierno de turno) en los 30 días anteriores a los comicios. Y en los últimos 15 días previos tampoco se podrán inaugurar obras.
  • Encuestas: Se prohíbe la difusión de encuestas o sondeos de opinión en boca de urna hasta tres horas inmediatas posteriores al cierre de los comicios.
  • Financiamiento mixto: Se crea un fondo para el financiamiento público de los partidos políticos (para funcionamiento y para capacitación). Para acceder a estos recursos estatales, los partidos deberán mantener la personería para la que se exigirá la obtención del 2 por ciento de los votos en las últimas dos elecciones. Se ponen límites y controles más rigurosos para el financiamiento privado.
  • Financiamiento de campañas: Se crea un fondo exclusivo para el financiamiento de las campañas electorales en TV y radio. Lo manejará el Juzgado Electoral y se distribuirá, en los 45 días previos al desarrollo del acto electoral, de la siguiente manera: el 30 por ciento de ese fondo, entre todos los partidos que compitan, y el 70 por ciento restante, entre los que hayan superado el 3 o el 4 por ciento del total de votos en la última elección, según la cantidad de votos obtenidos.
  • Fecha electoral: Se establece que la elección se debe realizar entre los 30 días y los 120 días anteriores a la finalización del mandato. Y que la elección debe ser convocada por el gobernador 90 días antes de la fecha de los comicios. Intendentes del interior pidieron que en la Ley Orgánica Municipal se estire hacia atrás (hasta 180 días antes de la finalización del mandato) el plazo para la fijación de la elección.
  • Software estatal: Todo el sistema de procesamiento de datos electorales vía informática (software) que debe ser utilizado y operado por el Juzgado Electoral, será diseñado por las universidades con asiento en la provincia de Córdoba que firmen un convenio con el Poder Ejecutivo provincial. El Estado provincial será el propietario del software y proveerá todos los recursos económicos que demande su desarrollo.
  • Justicia Electoral: Se creará una Cámara Electoral ad-hoc a través de una ley especial que determinará su integración, competencia, roles y funciones.
  • Voto electrónico: Se abre la puerta a la incorporación progresiva de este sistema electoral.

Como se sabe, el comportamiento electoral y las prácticas ciudadanas y partidarias en torno al proceso de una elección están claramente determinados por las reglas formales que regulan dicho proceso. De tal manera, un cambio en las reglas supone, necesariamente, un cambio en las actitudes y las conductas de los actores políticos que intervienen en la elección. En este contexto, el conocimiento acerca del funcionamiento de los mecanismos y el acceso a información clave sobre el proceso determinan la capacidad de adaptación de cada actor político y, lo que es más importante, determina la posibilidad efectiva de cada uno de ellos de lograr sus objetivos.
Teniendo en cuenta esta premisa, cabe realizar dos advertencias en vistas a las elecciones de 2011:

  • La reforma por sí sola no garantiza revertir la falta de credibilidad del proceso electoral.
  • La socialización de las reformas electorales implementadas sigue pendiente, lo cual pone en riesgo el logro de sus objetivos al momento de la puesta en práctica.

Si la modalidad de aplicación de las reformas no está acompañada del consenso político necesario, o si el mecanismo elegido incrementa la complejidad del proceso electoral, o si los ciudadanos desconocen por completo elementos fundamentales como el modo de emisión del sufragio, se corre el riesgo de profundizar la falta de confianza ciudadana.
Estas son dos preocupaciones prioritarias en vistas al proceso electoral de 2011. Si se pretende una elección transparente, que facilite la expresión de la voluntad electoral de los ciudadanos y en donde los actores políticos respeten las reglas de juego sin sacar ventajas de un mecanismo desconocido, serán necesarias acciones conjuntas de los Poderes del Estado, los Partidos Políticos, las Organizaciones de la Sociedad Civil y de la ciudadanía en general.
El presente proyecto busca generar una alianza interinstitucional que aporte a un proceso transparente, participativo y confiable. El aporte de las Organizaciones de la Sociedad Civil puede ser determinante en cuanto a la difusión y socialización de los mecanismos y procedimientos novedosos en el proceso electoral, como así también el seguimiento de los compromisos asumidos por partidos y candidatos en cuanto a la observancia de las prescripciones legales. Este supuesto fundamenta los alcances y la estrategia a implementar desde este proyecto.

     
  Objetivos

El objetivo general del proyecto es concientizar y responsabilizar a la ciudadanía respecto de la importancia del proceso electoral, las funciones de los cargos electivos y del sistema democrático en general. Para ello se plantean dos objetivos estratégicos específicos:
  • Promover el acceso a la información sobre el proceso electoral, las propuestas partidarias, y las campañas electorales.
  • Capacitar a la ciudadanía sobre el proceso electoral en general y sobre el instrumento de emisión del sufragio en particular.

Por un lado se intentará recopilar y sistematizar para su posterior difusión toda la información relativa al proceso electoral. Esto supone además el procesamiento de la información para facilitar su accesibilidad y comprensión a la ciudadanía. Se recurrirá a medios de comunicación, sitio web del proyecto y redes sociales, folletos y publicaciones de distribución masiva.
Por el otro, el eje de la capacitación ciudadana estará en la boleta única o el voto electrónico y en las modificaciones a los "hábitos electorales". El objetivo es que el ciudadano se familiarice con el instrumento, de manera de poder expresar su voluntad electoral sin condicionamientos. Para ello se realizarán actividades de capacitación personalizada a ciudadanos e instituciones interesadas.

 
     

     
  Actores
    • Córdoba Transparente y red de organizaciones asociadas para el proyecto.
    • Justicia Electoral de la Provincia.
    • Junta Electoral de los municipios.
    • Comisión Consultiva de Expertos.
    • Comisión Especial de la Legislatura provincial para la reforma política.
    • Universidades de la Provincia.
    • Organismos y redes internacionales especializados en procesos electorales: Centro Carter, ACE, IDEA, Caltech, IFES, etc.
 
     

     
  Elecciones Municipales Marcos Juárez 2010
Observación del proceso de implementación del
voto electrónico: Experiencias y perspectivas ciudadanas

El programa Córdoba Transparente -iniciativa conjunta de FUNDEPS y Ciudadanos 365- llevó adelante la observación del proceso electoral desarrollado en la localidad de Marcos Juárez, en el que se implementó por primera vez en la provincia de Córdoba el voto electrónico.
La observación, que fue avalada por la Junta Electoral, se enfocó en las actividades de capacitación previa y de todo el proceso el día del acto eleccionario: apertura de mesas, desarrollo durante la jornada, cierre de las mesas y presentación de resultados en el Centro de Cómputos. Además, se realizaron encuestas a los ciudadanos de Marcos Juárez sobre su percepción del mecanismo de voto electrónico.
Los resultados de las encuestas realizadas por Córdoba Transparente mostraron los siguientes resultados:

¿Cómo considera su experiencia de votación
a través del sistema electrónico?
Porcentaje
  Muy buena
34,8
 
  Buena
49,1
 
  Regular
10,7
 
  Mala
4,5
 
  Muy mala
0,9
 
  Total
100
 

¿Cómo evalúa la capacitación recibida previamente?
Porcentaje
  Buena
67,0
 
  Regular
6,3
 
  Mala
0,9
 
  No recibió ninguna capacitación
25,9
 
  Total
100
 

¿Está de acuerdo con utilizar el voto electrónico
en las elecciones de Gobernador de 2011?
Porcentaje
  Muy en desacuerdo
5,4
 
  En desacuerdo
10,7
 
  Ni acuerdo ni en desacuerdo
6,3
 
  De acuerdo
63,4
 
  Muy de acuerdo
14,3
 
  Total
100
 

Además, se observó que el 22% de los encuestados considera que el sistema electrónico pone en riesgo el secreto del voto, e idéntico porcentaje cree que no ayuda a disminuir los riesgos de fraude.
Por otra parte, al momento de elegir su opción en la pantalla táctil, los votantes se guiaron por: el nombre del primer candidato; el logo del partido; el nombre del partido; por la foto del candidato; y por el número de lista (en ese orden)

Conclusiones

La aceptación general del proceso, expresada por la ciudadanía en las encuestas, no supone pasar por alto aspectos operativos observados que deben, necesariamente, ser revisados si se pretende implementar un mecanismo similar a escala provincial:

  • Mayor capacitación para las autoridades de mesa y fiscales partidarios: Se observaron dificultades para la apertura de las mesas a primera hora (lo que retrasó el inicio de los comicios), no todas las autoridades estaban familiarizadas con aspectos informáticos de los equipos.
  • Fortalecer la capacitación a personas mayores: La brecha digital quedó expuesta ante la dificultad de los ciudadanos de mayor edad de expresar su voluntad, lo que en algunos casos implicó poner en riesgo el secreto del voto ante la necesidad de asistencia externa.
  • Perfeccionar el mecanismo informático: En múltiples ocasiones se observaron equipos que dejaban de funcionar súbitamente (sea por fallos del mismo equipo o por errores involuntarios del votante), lo que hacía necesaria la intervención de autoridades de mesa o técnicos de la empresa proveedora del servicio, retrasando así el proceso.
 
     
 
 
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